San Andrés Isla (SAI) exhibe un desequilibrio estructural que sitúa a la isla en “triple dependencia”: alimentaria, energética y económica. El 87 % de los alimentos frescos que consumen sus 70 000 habitantes llegan por barco o avión — según la Secretaría de Agricultura (Informe 2023) —, lo que encarece la canasta familiar en un 32 % frente al promedio continental y añade 1,5 kg CO₂ por kilo transportado. Las Encuestas de Situación Nutricional (ENSIN-2021) registran 27 % de inseguridad alimentaria moderada o severa, con niñas y niños raizales particularmente afectados. Aunque el Instituto Geográfico Agustín Codazzi mapea 1 765 ha aptas para uso agrícola, en 2022 solo se cultivaron 1,2 ha (0,01 %): los suelos coralinos son someros (<25 cm), salinos y de baja materia orgánica, y la presión inmobiliaria ha canibalizado los terrenos planos que podrían dedicarse a horticultura. En paralelo, la red eléctrica insular depende en un 95 % de plantas diésel; la Unidad de Planeación Minero-Energética reporta un costo de 0,29 USD kWh⁻¹ y emisiones de 0,74 kg CO₂-eq kWh⁻¹, las más altas del país. Además, el turismo “todo-incluido” o “isla de las baratijas” concentra beneficios en cadenas hoteleras externas: el 73 % de la facturación turística sale de la isla (DANE, 2022), mientras que el empleo local se limita a servicios de baja remuneración, perpetuando un subdesarrollo expresado en ingresos per cápita 35 % inferiores al promedio nacional y en la pérdida acelerada de ecosistemas costeros.